lunes, 16 de abril de 2012

Pronunciamiento "Revisión de la actual política anti-drogas: una prioridad para reducir la violencia contra las mujeres en las Américas"

WILPF España apoya este Comunicado hacia la VI Cumbre de las Américas lanzado por la Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género formada por organizaciones de siete países latinoamericanos: ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (Argentina); Corporación Humanas (Chile, Colombia y Ecuador), EQUIS: Justicia para las Mujeres (México) y DEMUS - Estudio para la Defensa de los Derechos de la mujer (Perú).

Como ha sido ampliamente documentado, la violencia contra las mujeres en nuestros países, enraizada en el sexismo y la discriminación estructural, se incrementa por el contexto de violencia armada de la región, la cual, a su vez, está directamente relacionada con el narcotráfico. Por ello, detener el aumento de la violencia contra las mujeres, requiere con urgencia una revisión de las políticas de prohibición del comercio de drogas.

El narcotráfico ha sido el causante del surgimiento y fortalecimiento de distintos aparatos criminales, que encuentran en la vía armada la manera de defender sus intereses comerciales, pasando por encima de los derechos humanos de la población y debilitando transversalmente -mediante la corrupción- a los Estados y sus instituciones. Las políticas antidrogas desarrolladas por los Estados no han detenido el narcotráfico ni disminuido el consumo de drogas.

Los recientes estudios sobre feminicidios muestran cómo la tasa de homicidios de mujeres ha crecido casi el triple que la de hombres en los países de la región más afectados por el narcotráfico y cómo, además, ha aumentado la crueldad con la que tales actos se cometen. Este incremento se relaciona directamente con los nuevos contextos y dinámicas regionales, caracterizados por la presencia de mafias y redes delictivas asociadas al comercio de drogas, que lejos de ver menguado su accionar por las políticas que los Estados han creado para enfrentarlas, han fortalecido su negocio y se han aliado con actores sociales tradicionales (políticos, militares y empresarios) garantizando además la impunidad de sus actos.